INNOVA Research Journal, ISSN 2477-9024  
(
Noviembre, 2017). Vol. 2, No.11 pp. 31-41  
DOI: https://doi.org/10.33890/innova.v2.n11.2017.294  
URL: http://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/index  
Correo: innova@uide.edu.ec  
Proceso de identificación de stakeholders de programas de educación  
financiera en Ecuador  
Stakeholder identification process of financial education programs in  
Ecuador  
Miguel Cueva Estrada  
Jorge Montecel Shiguango  
Universidad de Guayaquil, Ecuador  
Michelle Viera Romero  
Universidad Potsdam, Alemania  
Universidad de Guayaquil, Ecuador  
Autor para correspondencia: nathaelcueva@gmail.com, jorge.montecelsh@ug.edu.ec,  
michelle.vierarom@ug.edu.ec  
Fecha de recepción: 14 de Junio de 2017 - Fecha de aceptación: 15 de Noviembre de 2017  
Resumen: Luego de la dolarización, la economía ecuatoriana ha gozado de una relativa estabilidad  
demostrando un crecimiento sostenido que ha tenido como resultado un incremento de su clase  
media. Este crecimiento económico trae consigo la necesidad de que las personas sepan cómo  
manejar sus finanzas personales y beneficiarse de los mercados financieros más desarrollados. En  
este sentido, las iniciativas de educación financiera, pueden convertirse en un complemento  
importante de los procesos de inclusión y demás medidas para la reducción de la pobreza. En  
consecuencia, el Estado ecuatoriano ha dispuesto la implementación de programas de educación  
financiera orientados a contar con una ciudadanía mejor informada. De parte de las entidades  
financieras que han puesto en marcha estos programas, se puede identificar un beneficio adicional  
que corresponde a cubrir la responsabilidad social que estas instituciones tienen con la comunidad  
derivado de las actividades que realizan. Una revisión a distintos documentos normativos,  
consultas a expertos y una evaluación del grado de poder, urgencia y legitimidad que representan  
las partes interesadas en lo referente a la educación financiera en el Ecuador, ha permitido  
identificar a los principales stakeholders quienes se convertirán en los líderes de la cooperación  
interinstitucional para la amplia difusión e implementación de estos programas entre los grupos  
objetivos.  
Palabras claves: educación financiera; stakeholders; responsabilidad social; gobernanza; ecuador  
Abstract: After dollarization, the Ecuadorian economy has enjoyed relative stability  
demonstrating sustained growth that has resulted in an increase in its middle class. This economic  
growth brings with it the need for people to know how to manage their personal finances and  
benefit from more developed financial markets. In this sense, financial education initiatives can  
become an important complement to inclusion processes and other measures to reduce poverty.  
Consequently, the Ecuadorian State has arranged the implementation of financial education  
programs aimed at having a better informed citizenship. On the part of the financial entities that  
have implemented these programs, an additional benefit can be identified that corresponds to cover  
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the social responsibility that these institutions have with the community derived from the activities  
they carry out. A review of different normative documents, consultations with experts and an  
assessment of the degree of power, urgency and legitimacy that stakeholders represent in relation  
to financial education in Ecuador, has allowed identifying the main stakeholders who will become  
the leaders of inter-institutional cooperation for the wide dissemination and implementation of  
these programs among the target groups.  
Key words: financial education; stakeholders; social responsibility; governance; ecuador  
Introducción  
Para la población ecuatoriana es bastante delicado discutir respecto de temas financieros,  
sobre por la desconfianza que generó la crisis bancaria de finales de los 90s, el posterior cambio  
de moneda donde se asumió el dólar y las continuas modificaciones a las que es sometido su  
marco general regulatorio.  
En el Ecuador desde hace pocos años se ha venido trabajando con la implementación y  
promoción de lo que se conoce como Educación Financiera. Este lineamiento ha sido incluido en  
el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, es decir el máximo instrumento de planificación del  
país, a partir del cual se elaboran los distintos programas y proyectos que permitan alcanzar los  
objetivos propuestos en este plan de desarrollo.  
En este proceso de generación de políticas públicas, la literatura especializada identifica  
de manera clara las siguientes etapas: surgimiento del problema e inclusión en la agenda, diseño  
del programa, implementación y evaluación de la política (Weimar & Vining, 1989).  
Cada uno de estas etapas está de manera permanente influenciada por la intervención de  
los distintos actores sociales, públicos y privados, llamados también stakeholders, partes  
interesadas o grupos de interés, y son quienes tienen distintas expectativas, intereses,  
obligaciones, deberes y derechos con respecto a la directriz que se pretende implementar. (Como  
se cita en Falçao Martins e Fontes Filho, 1999).  
Es por ese motivo que el presente documento pretende primero identificar a los  
stakeholders y estudiar el grado de interés respecto de lo que corresponde a la implementación de  
programas de Educación Financiera como parte de una política de ciudadanía responsable y  
debidamente informada, lo que da cumplimiento a la responsabilidad social asumida por las  
entidades financieras.  
La Educación Financiera en el Ecuador  
Como concepto, la Educación Financiera ha ido ganando terreno en los últimos años por  
cuanto dicha información es necesaria para el público con la finalidad que conozca cómo acceder  
al crédito y cómo utilizar estos recursos correctamente (García, N. Grifoni, A. & López, J.,  
2
013).  
En la actualidad, los productos financieros que se le presentan a los usuarios son cada vez  
más diversos, más complejos e implican un mayor riesgo al involucrar nuevas tecnologías como  
son tarjetas, celulares, banca electrónica, etc. (Coates, 2009). Por este motivo, es de interés del  
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Estado contar con “ciudadanos instruidos e informados que tomen decisiones económicas y  
financieras sensatas (…) que contribuyan a la estabilidad macroeconómica” (Coates, 2009) del  
país.  
Además, se hace necesario reforzar algunos conocimientos y habilidades y acompañar  
con la orientación necesaria respecto de los riesgos asociados con cada decisión financiera de los  
individuos, ya que muchas veces se trata de decisiones de vida (educación, vivienda, seguridad  
social, planes de salud, etc.).  
El Gobierno del Ecuador, en un primer momento hace referencia a la educación  
financiera en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Objetivo 4.9 literal m) “Generar  
programas y contenidos educativos que difundan y fortalezcan la educación financiera”. Para que  
más adelante, sea la Junta Bancaria quien resuelve a través de la resolución No. JB-2013-2393  
del 22 de enero de 2013 disponer que las entidades financieras controladas por la  
Superintendencia de Bancos y Seguros desarrollen Programas de Educación Financiera (PEF) en  
beneficio de sus clientes y público en general.  
El objetivo final de esta iniciativa es dotar a la población de conocimiento que apoyen la  
toma de decisiones sobre sus finanzas personales y familiares; seguros y seguridad social, que  
amplíen sus oportunidades de participación informada y responsable a lo largo de la vida  
económica de las personas.  
Adicional a estos documentos normativos que rigen el quehacer institucional del país,  
está la Ley de Defensa del Consumidor junto con la Resolución No. SB-2015-665 como  
documentos que reglamentan los programas de educación financiera dentro del país.  
Lamentablemente, ninguno de los instrumentos mencionados define con claridad quién es  
el principal regulador de la implementación de esta práctica. En todo caso, lo que se puede inferir  
es que debido al ámbito de acción, el compromiso ha recaído en principio dentro de la Junta  
Bancaria quien distribuye responsabilidades entre actores tan diversos como el Ministerio de  
Educación, la Superintendencia de Bancos, la Defensoría del Pueblo, etc. Más adelante, será la  
Superintendencia de Bancos quien asumirá este liderazgo delineando algunas directrices para el  
diseño de los programas.  
Es así que al no existir un instrumento que delimite quién debe asumir la formulación,  
implementación y evaluación de los programas de educación financiera, eso se convierte en el  
punto de partida de este artículo y así buscar el beneficio de la sociedad con una amplia  
promoción de estas prácticas apoyado en sus partes interesadas, quienes también pueden  
incorporar estas prácticas a su portafolio de proyectos o actividades que forman parte de sus  
programas de responsabilidad social empresarial.  
Por todo lo anteriormente citado es importante para los programas de educación  
financiera en el país, tener claramente identificados sus stakeholders, entendiendo lo importante  
que resulta para la correcta implementación de la política el comprender los intereses de estas  
partes y el incentivo que representa para ellos desde el punto de vista de la responsabilidad  
social. Esto le dará mayor legitimidad y sostenibilidad en el tiempo ya que podrá conocer a los  
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stakeholders, comprenderlos, involucrarlos en diálogos, entender sus necesidades, comprender  
sus demandas y requerimientos, identificar las expectativas que han desarrollado, propendiendo a  
la transparencia mediante el hábito de la rendición de cuentas.  
Metodología  
El presente trabajo de investigación es de carácter exploratorio, dado que tiene por objeto  
conocer las características de los stakeholders involucrados en la implementación de los  
programas de educación financiera, así como de la naturaleza y tipo de interacciones que se  
presentan entre ellos. Es decir, que la unidad de análisis son los Programas de Educación  
Financiera vigentes.  
Para este propósito, se utilizan fuentes de carácter secundario, páginas web de distintas  
entidades que describan a los stakeholders y los programas de educación financiera, resoluciones  
e informes que son de dominio público y que proporcionen información relevante a la  
investigación.  
Adicionalmente, para la categorización de los stakeholders, se realizarán entrevistas a un  
grupo de expertos en el sistema financiero ecuatoriano en base a su experiencia profesional y su  
independencia. Toda esta información será luego procesada de acuerdo con el Modelo de  
Mitchell, Agle y Wood (1997) para la identificación de los distintos stakeholders según los  
atributos de poder, legitimidad y urgencia.  
El Modelo de Mitchell, Agle y Wood  
Este procedimiento tiene como finalidad identificar a los distintos stakeholders a través  
de la operacionalización de tres atributos básicos que son:  
1
2
3
. El poder suficiente para influir en la organización.  
. La legitimidad para poder mantener una relación entre ellos y la organización.  
. La urgencia de la pretensión que tengan estos grupos de interés (Mitchell, Agle, &  
Wood, 1997).  
Según lo que cada stakeholder representa en función de la naturaleza o de la posición  
relativa de estos actores, se les asignará un valor asociado con su preponderancia o importancia  
de acuerdo a los comentarios expresados por el panel de expertos encuestados respecto del poder  
que pudieran ejercer, su legitimidad y la urgencia.  
Ya que según Mitchell et al (1997), si se combinan estos tres atributos, surgen diferentes  
grupos de partes interesadas, con diferentes expectativas respecto al objeto de interés, lo que se  
convierte en un instrumento de apoyo para la toma de decisiones por parte de los líderes de la  
iniciativa analizada. Ver Gráfico N°1.  
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Gráfico N° 1. Los 3 Atributos De Un Stakeholder  
Fuente: Adaptado de Falçao Martins e Fontes Filho, 1999  
Identificación de Stakeholders - Resultados  
Los programas de educación financiera son responsabilidad de múltiples actores. De  
manera general se puede pensar en bancos, autoridades reguladoras del sistema financiero, y la  
ciudadanía en general, pero lo cierto es que involucra los esfuerzos de muchos más como son el  
Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, etc. Por este motivo, se hace necesario  
identificar a los principales involucrados, los más visibles y cercanos a los temas, y que serían  
los que pueden intervenir de manera directa en la implementación de estos programas que a fin  
de cuentas van a convertirse en una política del Estado en beneficio de sus ciudadanos.  
Tomando en cuenta la fundamentación conceptual propuesta en el trabajo de Mitchell,  
Agle & Wood (1997), se procede a clasificar la importancia de los actores midiendo y valorando  
la existencia de los atributos de poder, legitimidad y urgencia, determinado para ello el índice de  
preponderancia.  
Donde el poder es medido según la disponibilidad de este recurso y la influencia a  
ejercer, por lo que se asigna el valor de 1 no existe ninguna sensibilidad ante el recurso descrito,  
2
cuando la sensibilidad es media, y 3 cuando la sensibilidad es extrema.  
De manera similar, la legitimidad se estima con un valor de 0 cuando las acciones de los  
actores son indeseables, 1 cuando las acciones del actor son mínimamente deseables por la  
sociedad, 2 cuando son medianamente deseables y 3 cuando son altamente deseables y legítimas.  
Por último, la urgencia es estimada con un valor de 0 cuando existe una total aceptación  
de la demora y una baja sensibilidad a lo crítico de la actividad, 1 cuando la aceptación y la  
sensibilidad están por debajo del promedio, 2 cuando la sensibilidad está por encima del  
promedio, y 3 cuando existe un total rechazo a la demora.  
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Preliminarmente, una vez que se revisa la documentación normativa se identifica a un  
primer grupo de 27 stakeholders desglosados desde los distintos documentos que orientan la  
implementación de la Educación Financiera en el país, como son el mismo Plan Nacional del  
Buen Vivir 2013 – 2017, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las resoluciones de la  
Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos.  
Luego de lo cual se presenta dicha información a los expertos, para que con su  
competencia técnica e independencia puedan determinar cuáles son las partes interesadas más  
relevantes. Finalmente, logran agrupar cada una de las partes interesadas en 13 categorías que se  
detallan a continuación:  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
. Superintendencia de Bancos  
. Directorio o Consejo de Administración  
. Junta de Accionistas o Socios  
. Gerencia de la Institución Financiera Privada o Pública  
. Unidad responsable de los programas de Educación Financiera en la organización  
. Colaboradores de la Institución Financiera pública, privada o de seguridad social  
. Cliente de la Institución Financiera o de seguridad social  
. Público Objetivo Niños Preescolares (5-8 años)  
. Público Objetivo Preadolescentes (9-12 años)  
0. Público Objetivo Jóvenes (13-17 años)  
1. Público Objetivo Jóvenes Adultos (18-24 años)  
2. Público Objetivo Adultos (25-64 años)  
3. Público Objetivo Adultos Mayores (más de 65 años)  
Para efectos prácticos cada uno de ellos recibe una abreviatura, se le asignan roles de  
acuerdo a sus actividades. Así tenemos que algunos cumplen un rol político como la  
Superintendencia de Bancos. Otros son clientes, observadores, supervisores, etc.  
Poco a poco, de acuerdo a lo descrito por los expertos se asignan los grados de  
importancia que representa cada uno de los atributos de urgencia, legitimidad y poder con  
respecto a cada uno de los 13 stakeholders definidos. Dicha puntuación se ve reflejada en la  
Tabla N° 1 y en el respectivo Gráfico N°2 que aparecen a continuación:  
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Tabla N° 1. Matriz De Consolidación  
Clave  
Categoría de  
Stakeholder  
Político  
Grado  
de Poder  
1.93  
Grado de  
Legitimidad  
1.36  
Grado de  
Urgencia  
1.31  
Indice de  
Preponderancia  
2.53  
Superintendencia de  
Bancos  
Directorio o Consejo de  
Administración  
Fondeador  
0.32  
0.91  
0.88  
0.19  
Junta de Accionistas o  
Socios  
Gerencia de la IFI privada  
o pública  
Unidad responsable de los  
programas de EF en la  
organización  
Cliente  
Cliente  
Cliente  
0.64  
0.64  
0.32  
0.45  
0.45  
1.36  
0.29  
0.58  
0.58  
0.06  
0.12  
0.19  
Colaboradores de la IFI  
pública, privada o de  
seguridad social  
Observadores  
0.32  
0.15  
0.15  
0.01  
Cliente de IFI o de  
seguriddad social  
Público Objetivo Niños  
Preescolares (5-8)  
Público Objetivo  
Estratégico  
Operativo  
1.44  
1.12  
1.28  
1.28  
1.28  
1.12  
1.28  
0.15  
1.36  
1.36  
1.36  
1.36  
1.36  
1.36  
1.31  
1.31  
1.31  
1.31  
1.31  
1.31  
1.31  
0.21  
1.48  
1.69  
1.69  
1.69  
1.48  
1.69  
Administrativo  
Administrativo  
Estratégico  
Estratégico  
Supervisión  
Preadolescentes (9 -12)  
Públio objetivo Jóvenes  
(
13 - 17)  
Público Objetivo Jovenes  
Adultos ( 18 -24)  
Público Objetivo Adultos  
(
25-64)  
Público Objetivo Adultos  
Mayores de (65 y +)  
Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico N° 2. Stakeholders Según El Índice De Preponderancia  
Fuente: Elaboración propia  
De tal manera, que una vez consolidad la información, se puede evidenciar que los  
stakeholders de mayor importancia son la Superintendencia de Bancos, y todos y cada uno de los  
públicos objetivos según sus distintos rangos etarios.  
Discusión  
Vale recordar que la educación financiera es un conjunto de conocimientos y habilidades  
que están presentes de manera permanente en la vida de los individuos, ya sea a través de  
decisiones respecto de cómo financiar su educación, su vivienda, la seguridad social, planes de  
salud, etc.  
Por tanto no se está hablando únicamente de intereses personales o familiares, si no que al  
evaluar a los individuos en su conjunto se está hablando de la creación una ciudadanía con  
amplias oportunidades de participación de manera informada y responsable respecto de sus  
opciones financieras.  
Es así que tomando en consideración que los resultados de este estudio manifiestan que  
los stakeholders de mayor importancia son la Superintendencia de Bancos, y cada uno de los  
públicos objetivos según sus distintos rangos etarios, es necesario designar de manera formal a  
esta Superintendencia como quien lidera la formulación, implementación y evaluación de la  
política de educación financiera. De esta manera podrá no solamente supervisar a las  
instituciones que están actualmente bajo su control, sino que también podrá exhortar a otras  
entidades a que sus actividades contemplen la difusión de los fundamentos de la educación  
financiera.  
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Contar con la Superintendencia de Bancos como principal stakeholder realmente amplía  
los alcances de la responsabilidad social entre entidades que están bajo su supervisión como son  
Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas, Emisores de Tarjetas de Crédito, Burós de  
Información Crediticia, Instituciones Financieras Públicas como la Corporación Financiera  
Nacional, BanEcuador, Banco del Estado, Banco Central, Institutos de Seguridad Social como  
ISSPOL, ISSFA, IESS, etc. (Superintendencia de Bancos, 2009). Ya que además de dar  
cumplimiento a los requisitos que dispone la autoridad reguladora, se estará satisfaciendo a  
clientes y a la comunidad en general con la transferencia de conocimientos y habilidades que  
orienten importantes decisiones asociadas a la vida económica de los individuos.  
Adicionalmente, otro grupo de stakeholders muy importante es el representado por los  
distintos grupos etarios. Con lo que se demuestra que la importancia de la educación financiera  
se extiende a lo largo de la vida de las personas. Por lo que para la difusión de los programas de  
educación financiera se requiere trabajar de manera conjunta con instituciones que puedan hacer  
llegar estos contenidos al mayor número de individuos, sea a través de las instituciones  
educativas, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito, ministerios, etc. y así asegurarse que  
los contenidos puedan llegar a ser interiorizados por los distintos públicos objetivos.  
Conclusiones  
De acuerdo a la información examinada y los resultados que son producto de la  
identificación de los stakeholders se tiene como conclusiones los siguientes puntos:  
1
. Entre los distintos documentos normativos revisados, no se evidencia una directriz  
específica para que los grupos de interés colaboren en torno a un mismo objetivo, lo que  
no asegura el cumplimiento de los preceptos básicos de educación financiera orientados  
hacia el Buen Vivir.  
Es decir, no se evidencia entre estos documentos la clara designación de liderazgo por  
parte de una entidad a la que se delegue como responsable de la formulación, implementación y  
evaluación de la política de educación financiera.  
2
. A través del presente estudio se determina que los principales stakeholders son la  
Superintendencia de Bancos, y todos y cada uno de los públicos objetivos según sus  
distintos rangos etarios.  
Ante este hallazgo se vuelve necesario empoderar a la Superintendencia de Bancos como  
responsable de la formulación, implementación y evaluación de la política de educación  
financiera. De esa manera, ya no sólo se encargará de evaluar el grado de cumplimiento de los  
programas de educación financiera vigentes entre las entidades sobre las que tiene control. Si no  
que también será el encargado de establecer vínculos con otras instituciones que puedan  
convertirse en brazos ejecutores de la educación financiera entre los distintos grupos etarios.  
Teniendo como primeros agentes a las entidades financieras bajo su supervisión, que  
además de cumplir con los requerimientos de la autoridad reguladora, perciben el incentivo de  
ser responsables con la comunidad en la que interactúan.  
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3
. La Superintendencia de Bancos está llamado a coordinar la formulación, implementación  
y evaluación de la política de educación financiera en el país.  
Considerando que la educación financiera tiene un amplio público objetivo, debe  
convertirse en un eje transversal dentro del sistema educativo ecuatoriano con la finalidad de  
reducir las barreras de acceso a programas y contenidos educativos que difundan y fortalezcan la  
educación financiera. Por lo que también se necesita que al momento que la Superintendencia de  
Bancos asume como responsable de esta política, pueda coordinar con el Ministerio de  
Educación y el Consejo de Educación Superior la inclusión de la educación financiera como  
parte del programa de estudios en el sistema educativo de escuelas y colegios, además del  
sistema universitario.  
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