INNOVA Research Journal, ISSN 2477-9024  
Septiembre-Diciembre 2020). Vol. 5, No.3 pp. 45-61  
(
DOI: https://doi.org/10.33890/innova.v5.n3.2020.1359  
URL: http://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/index  
Correo: innova@uide.edu.ec  
Seguridad Ciudadana en un Municipio Limeño: Análisis de los Resultados del  
Plan Local, 2017-2018  
Citizen Security in a Lima Municipality: Analysis of the Results of the Local  
Plan 2017-2018  
Iris Katherine Gonzales Figueroa  
https://orcid.org/0000-0003-4335-192X  
Miguel Bardales Cárdenas  
https://orcid.org/0000-0002-1067-9550  
Universidad Cesar Vallejo, Perú  
Autor para correspondencia: mbardales2909@hotmail.com; mbardales@ucv.edu.pe;  
kgonzalesfigueroa@gmail.com; igonzales@ucv.edu.pe  
Fecha de recepción:ꢀ23 de febreroꢀdel 2020ꢀ-ꢀFecha de aceptación: 03ꢀde julio del 2020ꢀꢀ  
Resumen  
El artículo tuvo como objetivo general comprobar los resultados alcanzados en la ejecución del  
plan local de seguridad ciudadana, en un municipio limeño, 2017-2018. El tipo de investigación  
fue participativa, enfoque cualitativo y un diseño de estudio de casos. Se recogieron las entrevistas  
de un comisario policial de distrito, de un experto en temas de asuntos policiales, de un empresario  
víctima de hechos delictivos y de un ex miembro dirigencial del Comité de Seguridad ciudadana  
del Distrito. Los principales hallazgos encontrados fueron: falta de  
compromiso y  
responsabilidad de los representantes del Comité Local de Seguridad Ciudadana, alto índice de  
inseguridad en la zona, robos y asaltos que afectan los negocios, falta de efectivos policiales y  
serenos, alta rotación de comisarios, demora en la capacidad de respuesta de la policía ante la  
denuncia de un hecho delictivo e inmigración descontrolada. Las principales conclusiones fueron:  
nivel de eficacia de los planes de seguridad ciudadana solo alcanzaron un nivel valorativo medio  
de (58.34%), inadecuado sistema de control del plan local de seguridad ciudadana e  
incumplimiento de las categorías apriorísticas contrastadas.  
Palabras Claves: desarrollo humano; democracia; necesidades básicas; seguridad del Estado;  
seguridad internacional  
Abstract  
The article had the general objective of verifying the results achieved in the execution of the local  
plan of citizen security, in a municipality of Lima, 2017-2018. The type of research was  
participatory, qualitative approach and a case study design. Interviews were collected from a  
district police commissioner, an expert on police matters, a businessman who was the victim of  
criminal acts, and a former leadership member of the District's Citizen Security Committee. The  
main findings found were: lack of commitment and responsibility of the representatives of the  
Local Committee for Citizen Security, high rate of insecurity in the area, robberies and assaults  
that affect businesses, lack of police and serene personnel, high turnover of police officers, delay  
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in the capacity of the police to respond to the complaint of a criminal act and uncontrolled  
immigration, and as main conclusions we have: level of effectiveness of citizen security plans only  
reached an average value level of (58.34%), inadequate control system of the local plan for citizen  
security and non-compliance with the contrasted a priori categories.  
Key words: human development; democracy; basic needs; state security; international security  
Introducción  
Según Soto (2018) sostiene que un mundo globalizado la amenaza del terrorismo se ha  
vuelto cada vez inmediata y cercana, Alke (2018) manifiesta que la seguridad ciudadana es por  
lo general un tema dominado por militares e institutos especializados y García (2018) expresa  
que la frontera tiene una connotación importante; manifestando que a partir del 11 se  
septiembre del año 2001, cuando ocurrieron los luctuosos actos terroristas contra los dos  
centros comerciales de New York y el Departamento de Defensa; los Estados Unidos que hasta  
ese entonces practicaba otro concepto en materia de seguridad nacional, cambia su postura y  
empieza una gran reorganización de todas sus instituciones que tenían que ver con la seguridad  
nacional. El expresidente estadounidense George W. Bush en sus dos periodos de gobierno  
(
2001-2009), inicia una estrategia denominada “guerra preventiva” y crea la Agencia Nacional  
de Seguridad (NSA) que unifica todas las agencias de investigación e inteligencia, con la  
finalidad de unificar el comando bajo una sola autoridad. Esta política de alguna manera no  
sufrió cambios significativos con su sucesor Obama (2009-2017). Europa no estuvo exenta de  
atentados terroristas, como lo sucedido en España el 11 de marzo del 2004 (11M) y el 8 de  
agosto del 2017; Francia el 13 de noviembre del 2017 y Londres en el año 2017. En un mundo  
globalizado, como el actual, es el terrorismo una de las amenazas principales, que influye en las  
percepciones de los ciudadanos en cuanto a las condiciones se seguridad.  
El Perú no ha estado exento del incremento de la delincuencia y criminalidad, hasta el  
mes de abril del año 2018, se estima que el 25.5% de los ciudadanos peruanos fueron víctimas de  
algún hecho delictivo, lo cual representa que uno de cada cuatro peruanos fue víctima de algún  
acto delincuencial. Respecto a la Prov. De Lima la tasa de victimización fue del 29.1%. y en  
cuanto a la percepción de inseguridad ciudadana, a abril del año 2018, esta fue del 84.9%, y en el  
caso de la Prov. De Lima, la tasa fue del 90.3%. Si bien la percepción de inseguridad ciudadana  
tiene un componente de tipo emocional y de momento; por el hecho de ver y conocer mediante  
los medios de comunicación y escuchar de boca de sus familiares y/o amigos hechos de carácter  
delictuoso, determinan la creencia que es posible ser víctima de algún tipo de delito, ( Ministerio  
del Interior , 2018, pág. 7).  
La justificación de la presente investigación se sustenta, en una concepción teórica, es  
decir parte de los postulados de la investigación cualitativa, buscando respuestas bajo conceptos  
apriorísticos y paradigmas vigentes (integridad, multisectorialidad, rigurosidad, sostenibilidad e  
intensidad), vinculados a la seguridad ciudadana, y como estos responden al tratamiento de un  
fenómeno eminentemente social. Su justificación metodológica, se sustenta en que pone a prueba  
el diseño estudio de caso, para entender y comprender un fenómeno directamente desde sus  
actores presenciales. Consideraciones que no son recogidas o conocidas si se investigaran de  
manera cuantitativa. La justificación practica responde porque busca soluciones a problemas de  
la ciudad como los robos y asaltos a las personas y viviendas, pandillaje, asesinatos, violaciones,  
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feminicidios, que son los principales delitos que afectan a los ciudadanos de este distrito, que  
trae como consecuencia un alto nivel de victimización y percepción de inseguridad.  
La formulación del problema se planteó de la siguiente manera: Problema Principal: ¿Qué  
resultados se lograron en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un municipio  
limeño, en el periodo de 2017-2018? Los problemas específicos fueron: a) ¿Qué resultados se  
lograron en integridad en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un municipio  
limeño, en el periodo 2017-2018?, b), ¿ Qué resultados se lograron en multisectorialidad en la  
ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un municipio limeño, en el periodo 2017-  
2
018?, c) ¿ Qué resultados se lograron en rigurosidad en la ejecución del plan local de seguridad  
ciudadana, en un municipio limeño, en el periodo 2017-2018? d) ¿Qué resultados se lograron en  
sostenibilidad en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un municipio limeño, en  
el periodo 2017-2018?, e)¿Qué resultados se lograron en intensidad en la ejecución del plan  
local de seguridad ciudadana, en un municipio limeño, en el periodo 2017-2018?.  
Los objetivos de la investigación fueron: objetivo general: comprobar los resultados  
alcanzados en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un municipio limeño, en el  
periodo 2017-2018. Los objetivos específicos fueron: a) comprobar los resultados alcanzados en  
integridad en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un municipio limeño, en el  
periodo 2017-2018,b) comprobar los resultados alcanzados en multisectorialidad en la ejecución  
del plan local de seguridad ciudadana , en un municipio limeño, en el periodo 2017-2018, c)  
comprobar los resultados alcanzados en rigurosidad en la ejecución del plan local de seguridad  
ciudadana, en un municipio limeño, en el periodo 2017-2018, d) comprobar los resultados  
alcanzados en sostenibilidad en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un  
municipio limeño, en el periodo 2017-2018, y e) comprobar los resultados alcanzados en  
intensidad en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un municipio limeño, en el  
periodo 2017-2018.  
Marco Teórico  
Respecto a los antecedentes internacionales, según Granados (2018), compara y  
cuestiona el comportamiento de la asignación presupuestal respecto a la seguridad ciudadana, así  
como el nivel de eficiencia del gasto. La inseguridad y percepción de inseguridad, es también  
una preocupación de la sociedad, en el caso de Colombia se ha podido determinar que los mimos  
son fenómenos distintos o diferentes, aunque pareciera que debería haber una relación directa.  
Sostiene que la percepción de seguridad se ve influenciada por la valoración objetiva que hace la  
persona sobre el crimen, haciendo referencia a la inseguridad real, es decir la ocurrencia de los  
delitos que realmente ocurren en su barrio y una consideración subjetiva de éste que se origina en  
sus percepciones psicológicas, que muchas veces se ve influenciado por los diferentes medios de  
comunicación, creando sensacionalismo y originando representaciones imaginarias de  
determinados crímenes; Gelves ( 2019) expresa que la seguridad y la percepción de la  
inseguridad ciudadana son fenómenos diferentes; Rincón (2018) trae la relación de urbe-  
violencia y las políticas públicas, Focas ( 2018) indica que Latinoamérica, que solo representa el  
8
% de la población mundial, sin embargo tiene el 33% de los crímenes del mundo; Mugaah,  
and Aguirre (2018) manifiestan que las ciudades son los lugares donde se definen la política y  
la práctica de la seguridad ciudadana, y Graham (2017) establece que las estadísticas son  
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indicadores del nivel de homicidios y que son aceptadas como seguridad y democracia. Estos  
problemas de la delincuencia son una gran preocupación de la ciudadana dado su incremento,  
comparables con las demás necesidades como son: el desempleo, la salud y la educación, entre  
otros.  
Ramirez (2018) expresa que en estas épocas de neoliberalismo se plantean políticas de  
control sin rostro humano, Alda ( 2018) sostiene la posibilidad de que América Latina surja  
como actor relevantes en materia de seguridad ciudadana Bell ( 2019) indica que  
equívocamente se considera que un nivel más alto de inmigración se trasluce en un nivel más  
alto de crimen; Soria ( 2018) establece que si el gasto en seguridad pública se orientara a  
prevenir la inseguridad, gastos de ámbito social, infraestructura y que incidiera en el ámbito  
cultural, crecimiento y creación de empleo, se lograría una mayor igualdad y oportunidades. De  
la Puppaa and Sredanovicb (2017) consideran que los inmigrantes lo que buscan es la  
naturalización, tanto para protegerse de la policía y la deportación como mejores condiciones  
económicas por la crisis en sus países de origen. El éxodo de poblaciones africanas y árabes, en  
la parte de Europa y en América, la inmigración de Centro América hacia los Estados Unidos,  
crea resistencia de la población nativa porque consideran a la población inmigrante como la  
causante de la falta de empleo y el crecimiento de la delincuencia, aunque los inmigrantes  
busquen fundamentalmente naturalización, movilidad y seguridad. La ascensión de partidos  
políticos nacionalistas y en algunos países hasta “xenófonos”, es de alguna manera respuesta a  
este sentir de una parte del electorado.  
En Latinoamérica es imposible poder diseñar políticas regionales en materia de seguridad  
ciudadana, justamente por esta tendencia nacionalista que ha aparecido en algunos países de la  
región, perdiendo de esta manera la posibilidad de liderar en forma regional el combate a la  
criminalidad organizada.  
Rodrigez ( 2018), Rodriguez (2018), Sanguino (2016), Sagastegui (2015) ,Viotti (2018) y  
Flom, and Post ( 2016); manifiestan que el problema de la inseguridad ciudadana también  
debería estudiarse no solamente tomando en cuenta al “delincuente”, sino también al rol que  
cumplen los demás organismos del Estado en el combate a la delincuencia y que tengan la  
continuidad en el tiempo y cambios de gobierno; además respetando los derechos ciudadanos. Lo  
que ocurre con frecuencia es que en materia de orden público se dictan leyes más drásticas e  
incluso como ocurrió en el caso del Perú, se llevaron a acusar a las bandas criminales como  
terroristas y a juzgarlas en el fuero militar.  
Gonzales (2016), Gomez ( 2015), Bustillo and Vellosos ( 2016), y Acuña y  
Chudnovsky (2017) manifiestan que la participación comunitaria y social en la consideración de  
la prevención del delito se ha hecho indispensable en toda Latinoamérica, por cuanto los  
gobiernos recurren con mayor frecuencia a la colaboración entre la policía y la comunidad como  
una forma de afrontar el incremento de la delincuencia y la inseguridad. De la misma manera se  
contempla el rol periférico que ha tenido Latinoamérica en la discusión mundial sobre el enfoque  
de la seguridad humana, por cuanto el paradigma de la seguridad ciudadana, que forma parte de  
la seguridad humana, ha prevalecido en la región. Es necesario resaltar que el concepto de  
seguridad ha llegado a tener nuevas dimensiones.  
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Flom (2018), Bug & Bukow ( 2017), Gonzales, Pardo and Izquierdo (2017), y Dietrich,  
Crabtree, and Verfasserln ( 2019), indican que uno de los grandes problemas en el tratamiento de  
la inseguridad ciudadana tiene que ver con la falta de coordinación entre los actores del Estado o  
de la coordinación en beneficio de sus propios intereses que el de la población. Tratar la  
seguridad ciudadana requiere tomar en cuenta los incentivos de todos los actores involucrados.  
En el caso de la Unión Europea, se recomienda analizar o estudiar las nuevas medidas de  
seguridad, combinado tres elementos principales: actitudes individuales (especialmente la  
confianza), contexto social y equilibrio costo/beneficio. El análisis determina que la confianza es  
esencial, pero de una manera mucho más compleja de lo que suele argumentar.  
En cuanto a los antecedente nacionales, como lo sostiene: Gallardo (2018) indica que en  
la violencia uno de los factores que intervienen es la falta de un sistema adecuado para la  
supervisión de las armas letales y no letales, en ese sentido recomienda, tomando en cuenta los  
convenios nacionales e internaciones, de naturaleza vinculante y no vinculante; se debería  
concordar nuestras normas con los criterios de i) sistemas de licencias y autorizaciones, ii)  
marcaje, iii) tipificación penal y iv) registro; de la misma manera Mujica, Peñaloza, y Zevallos,  
desde el robo, acopio, acondicionamiento y disposición final.  
Mendoza (2016), Malaver (2017), Montalvo (2018), Taboada (2016), y Patino (2016),  
manifiestan no obstante que en la última década se ha notado un mayor crecimiento de la  
economía, sin embargo, los índices de criminalidad se han incrementado notoriamente seguido  
por un aumento de la percepción de inseguridad ciudadana. Existen muchos factores para ello.  
Algunos son: falta de continuidad y coordinación entre las autoridades políticas locales y  
policiales, implementación de políticas públicas multicausales e intersectoriales y mejores  
presupuestos públicos. El gobierno ha buscado atender este problema de diferentes maneras,  
como el caso de la declaratoria de emergencia en el Gobierno Regional del Callao; Pero por su  
carácter transitorio mientras duró el estado de emergencia disminuyo la delincuencia, pero  
pasado el mismo volvieron los crímenes y violencia.  
En cuanto a las teorías relacionadas con la investigación, tenemos la seguridad ciudadana  
según PNUD (2013a) es la sucesión de determinar, incrementar y preservar la condición civil y  
democrática, desterrando las conminaciones de violencia en los ciudadanos y facilitando su  
convivencia tranquila y en paz. A la seguridad ciudadana se le debe considerar como un bien  
público porque responde a la garantía eficaz de los derechos de las personas, esencialmente el  
derecho a la vida, a la probidad de las personas, a la inviolabilidad de los domicilios y la libertad  
de tránsito. De la misma manera indican que la seguridad ciudadana no solamente se refiere a la  
disminución de los delitos, sino a todo un conjunto de estrategias, de carácter exhaustivo y  
multifacética, en procura de acrecentar el nivel de vida de los ciudadanos; de acciones comunes  
para detectar a tiempo la criminalidad, el poder acceder a una adecuada  
justicia y recibir una educación fundada en valores con observancia a la ley y la consideración.  
Chinchilla y Vorndrand ( 2018) sostienen que el nuevo paradigma de la Seguridad  
Ciudadana debe estudiarse considerando: a) la integridad, b) la multisectorialidad, c) rigurosidad,  
d) sostenibilidad y d) la escalabilidad. Donde la integridad está referida a las estrategias  
articuladas que impulsen la visión compartida de los problemas y los principios fundamentales,  
considerando las diferencias de los actores. La multisectorialidad, definida como las estructuras  
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organizativas que faciliten la coordinación entre las autoridades de los diferentes estamentos de  
gobierno. La rigurosidad, que tiene que ver con la facilidad de la información y las estadísticas,  
el nivel de profesionalización de las personas y empleo de los adelantos tecnológicos en  
comunicación e información. La sostenibilidad y escalabilidad que contempla consideraciones  
como el liderazgo, fuentes de financiamiento permanentes y aspectos como el diseño y  
planificación.  
Otras teorías relacionadas como la gestión pública, partiendo que es una responsabilidad  
del Estado a quien corresponde administrar, gestionar y controlar los asuntos públicos, y quien  
ejerce la autoridad sobre un territorio y sus habitantes; define las formas de organización  
burocrática en función del monopolio de la violencia legítima Acuña y CHudnovsky (2017).  
Estos autores hacen de igual manera una diferenciación entre administración pública y gestión  
pública, al sostener que la administración pública es la estructura administrativa del Estado. La  
administración pública lo definen en una forma simple como todos los procesos, organizaciones  
e individuos vinculados con el cumplimiento de los dispositivos legales y otras normas emitidas  
por las legislaturas, los tribunales y los gobiernos; mientras que la gestión pública son las formas  
de gestionarla. Sostienen de igual manera, que el proceso de la gestión pública ha pasado de una  
etapa donde predominó el paradigma burocrático Weberiano, que incidía en aspectos  
meritocráticos y racionales para buscar una administración pública de calidad a un nuevo  
paradigma a partir de la década de los noventa, que denominan “la segunda generación” que se  
caracteriza por la aparición de reformas pro mercado y disminución del aparato del Estado. Este  
nuevo paradigma denominado la Nueva Gestión Pública (NGP), trata de adecuar herramientas  
de la gestión de la administración privada a la gestión pública, buscando atender los  
requerimientos de los ciudadanos con enfoques de eficiencia, eficacia y competitividad.  
Pliscoff (2017) expresa que la Nueva Gestión Pública se orienta hacia un Estado mucho  
más eficiente, más cercano a los deseos y anhelos de los ciudadanos, viéndolos como hace la  
gestión privada, como clientes que demandan una mejor atención. Esta nueva manera de  
comprender la gestión pública, se basa en tres pilares conceptuales: la primera que es la  
contractualización, definida como una herramienta de gestión orientada a proporcionar los  
servicios o tareas anteriormente desarrolladas por instituciones o servidores públicos. La segunda  
denominada mayor discreción de los funcionarios públicos, es decir dar mayor autonomía a los  
empleados públicos en sus actos de gestión y por último la tercera: búsqueda de resultados,  
usando por excelencia el presupuesto por resultados (PrR), como herramienta de gestión  
concediendo inclusive estímulos a aquellas entidades que logran alcanzar las metas y objetivos  
establecidos.  
Método  
El tipo de investigación fue participativa, estudio que emerge a partir de un problema que  
tiene su origen en la comunidad, y que busca la solución con la finalidad de mejorar la calidad de  
vida de las personas inmersas en el problema Caicedo y Mardones ( 1998). El enfoque de este  
estudio fue cualitativo, para Hernandez y Mendoza ( 2018), un estudio cualitativo busca estudiar  
un fenómeno de una forma sistemática. Pero, en vez de partir de una teoría y luego compararlo  
con el mundo empírico, el investigador parte de un hecho concreto o particular y revisa los  
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trabajos previos, de manera simultánea, con la finalidad de formular una teoría que guarde  
coherencia con lo que está investigando u observando.  
El diseño de la investigación fue un estudio de caso. Como sostiene Denny (1978, p.370),  
citado por Alonso (2006) un estudio de caso es un examen completo o intenso de una faceta, una  
pregunta o tal vez eventos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo.  
Stake (1999) sostiene que el estudio de casos, es el estudio de la singularidad como  
también de la diversidad de un caso en particular, con la finalidad de entender su  
desenvolvimiento en momentos importantes. El caso se considera como algo específico,  
complejo, pero en funcionamiento. El caso es un sistema unificado y total. No es indispensable  
que operen o se desenvuelvan a la perfección, sus objetivos incluso pueden parecer irracionales,  
sin embargo, es un sistema. Debido a eso a los programas como también a las personas se les  
considera como casos evidentes.  
Las técnicas a empleadas fueron: a) análisis sistemático o análisis documental, definido  
como la recopilación de la información de los documentos, materiales y diferentes artefactos. Por  
lo general las diferentes personas, las organizaciones, comunidades, países elaboran o producen  
diversa información, que es una valiosa fuente para obtener los datos para realizar las  
investigaciones. Hernández, Fernandez y Baptista ( 2014); b) la entrevista, entendida como un  
encuentro para trocar información o conversar entre personas, donde el investigador será el  
entrevistador, el que hace las preguntas, la otra persona será el entrevistado, quien responde las  
preguntas formuladas por el entrevistador. Puede darse entre dos o más personas. Como sostiene  
Janesick (1998, citado por Hernández, Fernandez y Baptista ( 2014), mediante la entrevista, se  
hace preguntas y se obtiene respuestas, se consigue una correspondencia y la elaboración de  
significados con relación a un tema en particular.  
Los instrumentos a usados en el proceso de investigación fueron las fichas de análisis  
documental, lista de cotejo y las guías de entrevistas semiestructuradas. El procedimiento  
determinado en el trabajo de investigación, es aquella definida por Hernández, Fernandez y  
Baptista (2014).  
La triangulación es el método por excelencia que es usada en la investigación cualitativa  
y en particular, en el estudio de casos, para comprender y cruzar los datos obtenidos, en el  
sentido de comprobar lo que hemos observado y lo que estamos presentando poseen el mismo  
significado cuando lo ubicamos en otras circunstancias. La triangulación puede ser de fuentes,  
triangulación de investigador, triangulación de teoría, y triangulación metodológica. Stake  
(
1999). La triangulación en esta investigación está dada en la comprobación hecha de las  
entrevistas al comisario de Condevilla, al especialista en seguridad ciudadana, al ex representante  
de los comités de seguridad ciudadana, y a la víctima de robos y asaltos. También se hizo  
triangulación al evaluar los planes de seguridad ciudadana, y las actas del comité de seguridad  
ciudadana de los años 2017-2018.  
Las unidades de análisis fueron la gestión de las autoridades políticas y policiales, del  
distrito de San Martin de Porres de los años 2017-2018, y las víctimas de actos delincuenciales.  
Participaron en las entrevistas un Comisario del distrito, un experto en temas de seguridad  
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ciudadana, un ex integrante del Comité de Seguridad ciudadana y un vecino del municipio  
víctima de un hecho delictivo. Las entrevistas siguieron la metodología de la saturación y su  
posterior codificación en hechos relevantes para su triangulación. No se identificó teorías  
emergentes. De la misma manera se analizaron todas las actas de las sesiones del Comité de  
Seguridad ciudadana del distrito de San Martín de Porres realizadas en forma mensual, de los  
años 2017 y 2018; para ser contrastadas con la realidad y las respuestas de los entrevistados.  
Resultados  
El objetivo general de la presente investigación fue “comprobar los resultados alcanzados  
en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un distrito limeño, en el periodo 2017-  
2
018”, de acuerdo a la lista de cotejo aplicada a las actas de las sesiones del Comité de Seguridad  
ciudadana de los años 2017-2018, de acuerdo a las categorías establecidas, se obtuvieron los  
siguientes resultados, que se presentan en la tabla 1:  
Tabla 1.  
Consolidado de la evaluación de los planes de seguridad ciudadana del distrito Limeño de los  
años 2017-2018  
Cantidad de  
Indicadores  
Nivel de Cumplimiento Nivel de Cumplimiento  
Categoría  
Si  
No  
(%)  
valorativo  
Integridad  
9
9
0
100  
Alto  
Rigurosidad  
Sostenibilidad  
Intensidad  
Total  
3
1
2
33.33  
40  
Medio  
Medio  
Medio  
Medio  
5
2
3
3
1
2
33.33  
58.54  
41  
24  
17  
Fuente: elaboración propia  
El resultado mostrado en la Tabla 1, indica que el nivel de cumplimiento de los planes de  
seguridad ciudadana en el distrito investigado, califica con un nivel de cumplimiento valorativo  
de medio, respecto a las categorías establecidas. La única categoría que alcanza la totalidad es el  
de integridad, calificando para un nivel de cumplimiento valorativo alto. La multisectorialidad  
califica para un nivel de cumplimiento medio; la sostenibilidad y rigurosidad e intensidad,  
califican para un nivel de cumplimiento valorativo medio. Esto es nivel de eficacia lograda por  
el Comité de Seguridad ciudadana de lo planificado entre los años 2017-2018 y lo alcanzado.  
Respecto al cumplimiento de las actividades verificadas y establecidas en las actas de  
sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana del distrito, de los periodos 2017-2018, el resultado  
obtenido se presenta la Tabla 2:  
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Tabla 2  
Resultados de la evaluación de las actividades establecidas en las actas del Comité de Seguridad  
Ciudadana del Distrito Limeño, periodo 2017-2018  
Nivel de  
N° Actividad  
2017  
%
2018 %  
Incremento/Decremento Cumplimiento  
Valorativo  
Administrativas y Formales  
14  
12  
23.32 66  
27.5 371.42  
Alto  
Alto  
1
2
Pedidos y reclamos  
Adquisición de alarmas cámaras  
de video vigilancia  
Adquisición de vehículos para  
patrullaje  
20  
56  
1
23.33 366.67  
4
1
6.67  
0.41 -75  
Bajo  
3
1.67  
0
0
-100  
Bajo  
Bajo  
Bajo  
4
5
Capacitación  
22  
9.17  
Actividades de coordinación  
interinstitucional  
Informes de cumplimiento y  
control  
Actividades presupuestales  
Construcción de más comisarías  
Total actividades  
1
1
6
1
26.67 32  
18.33 60  
13.33 100  
6
25  
536.36  
Alto  
7
8
9
1
1
1.67  
1.67  
100  
3
0
1.26 200  
Bajo  
Bajo  
Alto  
0
-100  
60  
240 100 300  
Fuente: elaboración propia  
Como se aprecia en la tabla 2 hubo un desarrollo significativo en varias de las  
actividades impulsadas por el distrito a través del Codisec, en temas de seguridad ciudadana;  
pero de actividades administrativas y formales tuvieron un incremento de 371.42% respecto al  
año 2017; informes de cumplimiento y control, con un incremento del 536.36%, el más alto de  
todos, de 11 informes realizados el año 2017 se pasó a 60 el año 2018; las actividades de índole  
presupuestal se incrementaron en 200% y las actividades de coordinación interinstitucional en  
1
1
00%. Las actividades de pedidos y reclamos también se incrementaron significativamente, de  
2 pedidos y reclamos del año 2017 pasaron a 56 el año 2018, lo que representa un incremento  
del 366.67%. Por otro lado vemos que en temas específicos de seguridad ciudadana y cuyo  
cumplimiento sí incide directamente en la seguridad ciudadana, no se ejecutaron o tuvieron un  
decrecimiento; tal es el caso de la adquisición de alarmas y cámaras de video de vigilancia, que  
de 4 adquiridas en el 2017, solo se adquirió 1 en el 2018; lo que representa un decremento del -  
7
5%, igual pasó en la adquisición de vehículos de patrullaje, se adquirió 1 en el año 2017 y  
ninguno el año 2018; decremento del -100% y finalmente la construcción de comisarias, de una  
construida el año 2017, se pasó ninguna el año 2018; decremento del -100%. La interpretación  
de esta tabla es que mientras el Comité de Seguridad ciudadana se preocupó por el desarrollo de  
actividades burocráticas o de coordinación interinstitucional; los reclamos de los ciudadanos no  
fueron atendidos oportunamente y menos aún desarrollaron actividades directamente en este  
sentido.  
De acuerdo a los objetivos establecidos y las categorías determinadas; el análisis  
realizado en las entrevistas, se arriba a los siguientes resultados: respecto al primer objetivo  
específico que fue definido como “comprobar los resultados alcanzados en integridad en la  
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ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un municipio limeño, en el periodo 2017-  
2
018, se pudo determinar que en el caso del distrito de san Martín de Porres, existen  
manifestaciones que distan de lo recomendado como políticas adecuadas. Se han encontrado  
respuestas, entre otras, que el distrito tiene limitaciones o carencias respecto a las instituciones  
conformantes del Comité de Seguridad ciudadana (Codisec) por cuanto muchas de estas  
instituciones no asisten a las reuniones programadas, lo que indica una falta de compromiso y  
responsabilidad de los representantes de las instituciones; carencia de una visión integral de la  
seguridad ciudadana, cada institución elabora su propio plan de seguridad sin la participación de  
los ciudadanos; existe un trabajo desarticulado, alto índice de inseguridad en la zona, robos y  
asaltos que afectan a las personas y los negocios, muchas veces con consecuencias fatales; los  
planes de seguridad solo se formulan, pero no se cumplen, donde comisarías, serenazgo,  
gobiernos locales, congreso y alcaldes, según los ciudadanos, son los responsables de la  
inseguridad ciudadana en el distrito; sin embargo en la tabla 1, de acuerdo a la evaluación  
realizada entre lo planeado y ejecutado, de 9 indicadores para la municipalidad se lograron al  
1
00%. Si los entrevistados manifiestan que existen en este aspecto deficiencias, quiere decir que  
los mismos no están llegando a los ciudadanos.  
El segundo objetivo específico se definió como “comprobar los resultados alcanzados en  
multisectorialidad en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un distrito limeño, en  
el periodo 2017-2018”. Las respuestas obtenidas de parte de los entrevistados indican que en el  
distrito analizado existen carencias o deficiencias de índole logístico, falta de efectivos  
policiales, incumplimiento del patrullaje conjunto con el serenazgo, falta de unidades  
vehiculares, falta de coordinación entre la policía y la municipalidad, control inadecuado,  
desconocimiento en cuanto a la organización y funcionamiento del distrito, falta de más  
comisarías y patrulleros, poco tiempo de permanencia del comisario en el distrito, requerimiento  
de mayores rondas policiales, inadecuada distribución de patrulleros, deficiencias en el  
ministerio público, expedientes de denuncias policiales mal elaboradas, la municipalidad solo  
acude a la comisaría en busca de información estadística, faltan cámaras de video vigilancia,  
deficiencias en la ejecución del presupuesto, no toman en cuenta al Codisec, la tasa del arbitrio  
del serenazgo no lo pagan los contribuyentes, el comisario no tiene el perfil comunitario, la  
municipalidad tiene problemas para ejecutar su presupuesto. Este indicador no fue considerado  
en la tabla 1; pero por los asuntos que ella contiene es posible compararlo con los resultados de  
la tabla 2, por estar vinculada a aspectos de infraestructura, coordinación y organización y en  
estos asuntos hubo incumplimientos de parte del Comité de Seguridad ciudadana del distrito de  
San Martín de Porres.  
El tercer objetivo específico se formuló como “comprobar los resultados alcanzados en  
rigurosidad en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un distrito limeño, en el  
periodo 2017-2018”. Las respuestas obtenidas alcanzan, al igual que los otros objetivos,  
opiniones divididas. Estas son: la existencia de falta de metas y objetivos claros, falta de un buen  
sistema de comunicación entre el serenazgo, la policía y la ciudadanía; importancia de ejecutar y  
hacer cumplir la ley, la demora de la respuesta de la policía incrementa la desconfianza en esta,  
no dan importancia a la información estadística, la dificultad de poder identificar a los  
delincuentes, por cuanto estos se disfrazan y hacen reglaje antes de actuar. La tabla 1 indica un  
nivel de cumplimiento medio, lo que confirma lo manifestado por los entrevistados.  
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El cuarto objetivo específico fue “comprobar los resultados obtenidos en sostenibilidad  
en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un distrito limeño, en el periodo 2017-  
2
018” , de acuerdo a las respuestas obtenidas expresan limitaciones, entre otras, que los serenos  
no tienen la autoridad suficiente para detener personas, solo pueden hacer arresto ciudadano; son  
pocos los serenos que existen actualmente lo que impide una mayor presencia en el distrito; no  
existe un sistema radial compartido entre el serenazgo y la Policía Nacional, falta de interés de  
parte del gobierno local y nacional, de apoyar la organización de la sociedad civil, el  
impedimento legal que los serenos puedan portar armas de fuego; poca asignación presupuestal  
para aspectos de seguridad nacional, repercusión de la delincuencia en la economía, problema  
agudizado por la inmigración, necesidad de la inmediatez, de parte de la policía y el serenazgo.  
La tabla 1 indica un nivel de cumplimiento medio, que queda confirmado con las entrevistas  
realizadas.  
El último objetivo específico se planteó como “comprobar los resultados alcanzados en  
intensidad en la ejecución del plan local de seguridad ciudadana, en un distrito limeño, en el  
periodo 2017-2018”. Las respuestas obtenidas, fueron los siguientes: el serenazgo tiene poca  
presencia en el distrito, porque son muy pocos; lo ideal sería contar entre 500 a 700 serenos;  
igualmente se vuelve a reiterar el accionar lento de la policía, dudas del accionar de la Policía o  
del Ministerio Público, respecto a la detención del delincuente capturado, por cuanto  
posteriormente a este hecho se le ve caminar libremente; trabajo aislado de muchos sectores,  
por falta de una buena coordinación y hay un manifiesto incumplimiento de la ley de seguridad  
ciudadana. La tabla 1 indica un nivel de cumplimiento de 1, lo que queda confirmado con el  
resultado de las entrevistas realizadas.  
Discusión  
Esta investigación buscó comprobar los resultados logrados en la ejecución del plan de  
seguridad ciudadana del 2017-2018, en el distrito de San Martín de Porres, de acuerdo a la  
legislación vigente, en materia de seguridad ciudadana, instituciones especializadas en combatir  
al alto índice de delincuencia que afecta a todas ciudades del Perú, principalmente a la ciudad de  
Lima, inclusive mayores presupuestos para mejorar la infraestructura y personal dedicado a la  
lucha contra la delincuencia; ésta sin embargo, en vez de disminuir se ha incrementado.  
En ese sentido, los trabajos previos realizados por Granados ( 2018), Gelves ( 2019),  
Rincón ( 2018), Focas (2018), Mugaah, And Aguirre (2018) y Graham (2017), quienes  
manifiestan “que el problema de la delincuencia es una preocupación de la ciudadanía, dado su  
incremento” (p.4), tema que coincide con lo encontrado en esta investigación, donde los  
entrevistados manifestaron que existe un “alto índice de inseguridad en la zona, robos y asaltos  
que afectan a los negocios”. Estos mismos autores manifiestan que “el incremento de la violencia  
es fundamentalmente urbano y como esta puede ser abordada…. bajo los enfoques  
socioeconómicos espaciales, sociocultural, sociopolítico” (p. 5); que coincide con lo encontrado  
en esta investigación, por cuanto los entrevistados reconocen como elemento positivo lo  
realizado por la municipalidad en cuanto al “trabajo mancomunado con los grupos de interés, en  
búsqueda de la paz y la tranquilidad; sin embargo los resultados de la investigación, en materia  
de mayores asignaciones presupuestales, no coincide con lo expuesto por los investigadores,  
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quienes manifiestan, que en el caso particular de Colombia, la “relación presupuesto y delitos no  
han sido inversamente proporcionales” (p.5).  
Ramirez ( 2018), Alda (2018), Bell (2019), Soria (2018) y De la Puppaa And  
Sredanovicb ( 2017), expresan que “en los aspectos de la delincuencia y de la criminalidad  
también intervienen factores como la inmigración ilegal” (p.5), que coincide con lo encontrado  
en esta investigación, donde el entrevistado manifiesta “que los venezolanos son los principales  
autores de hechos delictivos”.  
Por otro lado, Rodrigez (2018), Rodriguez (2018), Sagastegui (2015), Flom (2018) y  
Flom and Post ( 2016), sostienen “ que el problema de la inseguridad ciudadana también debería  
estudiarse no solamente tomando en cuenta al delincuente sino también al rol que cumplen los  
demás organismos del Estado en el combate a la delincuencia y que tengan continuidad en el  
tiempo y cambios de gobierno” (p.6), esto coincide con lo encontrado en la presente  
investigación, donde los entrevistados manifestaron “ el accionar lento de la policía, dudas del  
accionar de la policía y del Ministerio Público, respecto a la liberación de delincuentes  
capturados, trabajo aislado de muchos sectores, falta de una buena coordinación y un manifiesto  
incumplimiento de la ley”.  
Otros autores internacionales referenciados son Gonzales (2016), Gomez ( 2015) y  
Bustillo, and Vellosos ( 2016), quienes manifiestan que “la participación comunitaria y social de  
la prevención del delito se ha hecho indispensable en toda Latinoamérica, por cuanto los  
gobiernos recurren con mayor frecuencia a la colaboración entre la policía y la comunidad como  
una forma afrontar el incremento de la delincuencia y la inseguridad” (p.7). Esta afirmación  
encuentra correlato en el resultado encontrado, porque se evidencia la forma como el gobierno  
local de San Martín de Porres, ha venido cumplimiento no solamente el mandato de la ley sobre  
la participación ciudadana, sino que se evidencia la participación de la ciudadanía en la  
seguridad ciudadana.  
En cuanto a los autores Flom (2018), Gonzales, Pardo and Izquierdo ( 2017), y Dietrich,  
Crabtree, and Verfasserln (2019), quienes expresan que “los grandes problemas en la inseguridad  
tienen que ver con la falta de coordinación entre los actores del Estado en beneficio de sus  
propios intereses que el de la población. Tratar la seguridad ciudadana requiere tomar en cuenta  
los incentivos de los actores involucrados” (p. 7). Es posible que esta condición sea una de las  
principales causas del incremento de la delincuencia en el distrito, materia de investigación, por  
cuanto en el trabajo de investigación se ha encontrado manifestaciones claras de esta condición,  
es decir, “ que las instituciones preparan sus propios planes de seguridad” , “ el trabajo es  
desarticulado”, “ falta de apoyo de la municipalidad a las Comisarías” , “instituciones que no  
asisten a las reuniones del comité se seguridad ciudadana”, “ falta de compromiso de las  
instituciones y falta de responsabilidad”, “planes de seguridad se formulan, pero no se cumplen”.  
Respecto a los antecedentes nacionales, encontramos a Gallardo( 2018), Brandt (2017),  
Mujica, Peñaloza y Zevallos, ( 2018), que indican “que en la violencia uno de los factores que  
intervienen es la falta de un sistema adecuado para la supervisión de las armas letales y no  
letales” (p. 7). En la investigación realizada se encontró manifiesta evidencia que los  
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delincuentes actúan con armas de fuego y son muy peligrosos, lo cual indica que existen  
deficiencias en el uso y control de armas de fuego.  
Otros de los autores nacionales, son Mendoza (2016), Malaver (2017), Montalvo(2018),  
Taboada (2016), y Patino (2016), manifiestan que “no obstante que en la última década se ha  
notado un mayor crecimiento de la economía, sin embargo, los índices de criminalidad se han  
incrementado notoriamente seguido por un aumento de la percepción de inseguridad ciudadana”  
(
p.8). También precisan que existen muchos factores para ello, algunos son: “falta de continuidad  
y coordinación entre las autoridades políticas locales y policiales, implementación de políticas  
públicas multicausales e intersectoriales y mejor presupuestos públicos” (p.8). Este aporte  
realizado por estos investigadores queda confirmado con lo encontrado en la investigación  
realizada, por cuanto se ha manifestado que uno de los problemas que influye en la inseguridad  
ciudadana es la falta de continuación de las políticas de seguridad ciudadana y la falta de  
continuidad del comisario, además se requiere de un comisario que tenga la condición o el  
conocimiento comunitario y que no rote cada año.  
Chinchilla y Vorndrand (2018), a quienes hemos tomado como referentes teóricos para  
categorizar esta investigación, indican que el “nuevo paradigma de la seguridad ciudadana debe  
estudiarse considerando la a) integridad, b) la multisectorialidad, c) rigurosidad, d) sostenibilidad  
y e) la escalabilidad”, tal es así que la estructura de los cuestionarios básicos usados en las  
entrevistas, tomaron en cuenta esta categorización. Se evaluó también la elaboración y ejecución  
del plan de seguridad ciudadana, del distrito de San Martín de Porres, empleando esta misma  
categorización, cuyo resultado fue presentado en la tabla 1, lo que permitió determinar que el  
nivel de cumplimiento de los planes de seguridad ciudadana en el distrito de San Martín de  
Porres alcanzaron un nivel de cumplimiento valorativo de medio (58.54%).  
Conclusiones  
Se ha comprobado el alto índice de criminalidad existente en el distrito de San Martín de  
Porres, no obstante que se ha venido aplicando la ley 27933 de seguridad ciudadana. La  
municipalidad de San Martín de Porres cumple con hacer los planes y formularlos de acuerdo a  
lo prescrito en la ley, pero en su aplicación y puesta en práctica encuentra diversas limitaciones,  
logrando un nivel de cumplimiento valorativo de medio (58.34%.).  
La evaluación de los planes de seguridad ciudadana del distrito de San Martín de Porres,  
del 2017-2018, se hicieron tomando en consideración la categorización recomendada por  
Chinchilla y Worndrand (2018), quienes consideran que la seguridad ciudadana debe estudiarse  
con los nuevos paradigmas de la integridad, la multisectorialidad; rigurosidad, sostenibilidad y  
escalabilidad (intensidad). Comparadas cada una de estas categorías se arribó a la conclusión que  
la mayoría de las mismas no con cumplidas a cabalidad.  
El sistema de control, para verificar el cumplimiento del plan de seguridad ciudadana, no  
está claramente definida, debido a la superposición de sistemas de control, tanto de parte de la  
municipalidad, que tiene su propia Oficina de Control Interno (OCI), que ve el presupuesto  
público, y por otro lado los órganos de control del gobierno regional y el Ministerio del Interior,  
que están interesados por las estadísticas para saber si ha aumentado o disminuido el índice de  
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victimización o percepción de inseguridad; que el cumplimiento de los programas de seguridad  
ciudadana.  
Las autoridades y funcionarios integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana (Codisec),  
no tienen el suficiente compromiso para hacer una lucha frontal contra la inseguridad, a esto hay  
que agregar la transitoriedad de los comisarios, quienes por lo general solamente permanecen un  
año en la comisaría del distrito, imposibilitando aplicar políticas de seguridad ciudadana en un  
mayor tiempo.  
Distancia y falta de confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional y el Serenazgo  
municipal por cuanto no se nota su presencia en el distrito, y no hay prontitud y capacidad de  
respuesta ante un pedido de ayuda.  
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