INNOVA Research Journal 2019, Vol 4, No. 3.2, pp. 217-238
Revisión de la Literatura
La política fiscal, como expone Pigou (1974) surge por el hecho de que el gobierno:
“
…debe cumplir ciertas y determinadas funciones, por la sencilla razón que nadie más podría
realizarlas” (Pigou, 1974: 106). Por su parte, Shackle (1966) dice:
“
… el gobierno de un país difiere de una empresa privada, principalmente, en que
tiene la facultad de obligar a sus “clientes” a comprar sus productos en cantidades y
precios que han sido fijados por él mismo […]. Para mantener este sistema legal de
orden y seguridad, el gobierno debe dar ocupación a mucho de los mismos
ciudadanos como jueces, policías y miembros de las fuerzas armadas, y estos deben
recibir ingresos que el gobierno les paga por su trabajo” (Shackle, 1966: 260).
La política fiscal, como parte de la actividad financiera pública, es el instrumento
mediante el cual el Estado realiza sus funciones de financiamiento, gasto, estabilización y
planificación de la política económica (Fernández, et al, 2008). Para Maza y González (1992) el
propósito de la política fiscal es brindar estabilidad, equilibrio y crecimiento al sistema
económico, mientras consigue el objetivo de ocupación plena y una apropiada distribución de la
renta y una eficiente asignación de la productividad total de los factores. Sin embargo, las
funciones y objetivos de la política fiscal deben enfrentarse a una serie de limitaciones tales
como la restricción presupuestaria intertemporal del sector público, los denominados juegos
Ponzi (en donde los gobiernos no sienten la necesidad de satisfacer la restricción presupuestaria
del Estado), o la decisión del Estado de financiar el gasto público mediante impuestos o emisión
de deuda (la equivalencia ricardiana), el denominado ajuste impositivo (Blanchard, 2006; Romer,
2
002, Hall y Taylor, 1988).
No obstante, el caso ecuatoriano, al igual que la mayoría de los países en América Latina,
de acuerdo con Manzano, et al (2008), los gobiernos se han caracterizado por utilizar medidas de
expansión fiscal de carácter procíclico en aras de estimular el crecimiento económico, pero con
frecuencia fracasan en su propósito de mantener la inflación o el equilibrio fiscal, generando
déficits fiscales estructurales que se salen de los límites de moderación y control y que generan
inestabilidad económica (Calva y Alarco, 2007) . Esto se debe a que la expansión del gasto
público supera los ingresos fiscales, los cuales son financiados mediante el endeudamiento
interno, externo y/o aumentando la presión fiscal incluso en un país como Ecuador que es una
economía dolarizada. Este país se ha visto en la necesidad aplicar tasas, la cual al crecer muy por
encima de la renta real nacional, limita su crecimiento económico, por la reducción de las
utilidades reinvertibles, (Urdaneta et al, 2018).
En ese orden de ideas, se requiere que Ecuador asuma una política fiscal contracíclica,
según la cual, en periodos de expansión global de la economía e incremento de los precios
internacionales de los Commodities, restrinja el gasto fiscal y aumente la base imponible y en
épocas de recesión global de la economía, aumente el gasto fiscal y disminuya la base imponible
(
Calva y Alarco, 2007). Este ahorro iría, vía reservas internacionales, al Banco Central del
Ecuador.
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